La semana pasada la Contraloría General de la República tomó razón del decreto regulatorio, el cual también incluye penalizaciones respecto de la renovación del pasaporte y el ingreso a partidos de fútbol.
Si bien el índice de evasión del transporte público se redujo en 10,9 puntos porcentuales durante el segundo semestre de 2025 respecto de 2023, según el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la cifra sigue siendo alta para el sistema Red.
Por esta razón, la secretaría de Estado introdujo cambios a la Ley 18.290 que apuntan a mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones a los evasores del transporte público.
Según informó la Contraloría General de la República luego de la toma de razón del decreto promulgatorio, entre las principales modificaciones destaca “que los pasajeros solo podrán ingresar al bus por la puerta delantera, salvo los casos en que el ministerio lo haya permitido expresamente”.
Si no es así, quienes infrinjan la norma se presumirá que no pagaron el pasaje, pudiendo ser sancionados por Carabineros o inspectores municipales, quienes podrán exigir el pago de una tarifa recargada.
De no hacerlo, el infractor tendrá que bajarse del bus y los antecedentes serán remitidos a la Subsecretaría de Transportes, la cual iniciará el procedimiento sancionatorio, pudiendo quedar anotado en el Registro de Pasajeros Infractores.
Según detalló la Contraloría, “el personal de los concesionarios de uso de vías, los propietarios de buses y, en general, los prestadores de servicios de transporte público remunerado de pasajeros también podrán constatar y registrar el correcto uso del instrumento o mecanismo de acceso al transporte público con asignación de beneficios, siempre que cumplan los requisitos fijados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”.
Prohibición a partidos de fútbol
Otra de las sanciones que contempla la modificación legal, es la prohibición de la venta de entradas para partidos del fútbol profesional a todas las personas que se encuentre en el Registro de Pasajeros Infractores.
En este caso, será el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones quien informe de manera periódica al Ministerio de Seguridad Pública sobre la nómina de personas incorporadas en el listado, para que la información sea agregada.
El Registro Civil e Identificación, en tanto, deberá consultar en línea el Registro de Pasajeros Infractores cada vez que una persona solicite o renueve el pasaporte, para verificar si se encuentra o no el registro, pudiendo rechazar la solicitud en el acto.
Quién fiscaliza
De acuerdo a lo informado por la Contraloría, tanto Carabineros, como inspectores fiscales y municipales, además del personal de EFE y Metro, podrán llevar adelante las fiscalizaciones.
En caso que una persona sea anotada dos veces en el Registro de Pasajeros Infractores, se le suspenderá el beneficio de rebaja o exención de tarifa entre uno y dos años.
En el año 2018 entraba en vigencia la ley 21.128, denominada «Aula Segura». Su origen fueron los graves hechos de violencia que por años arrastraba un grupo de liceos emblemáticos, asociados a la acción disruptiva de los «overoles blancos».
Hoy, a casi ocho años de esa ley, podemos señalar que fue más pirotecnia político-mediática que solución real para la crisis de violencia que aún arrastramos. Una ley que buscó englobar las múltiples formas de violencia en los espacios escolares, pero que puso el foco en la sanción. Sin embargo, a la luz de la realidad, esa no fue la solución.
Las «aulas seguras» que prometía la ley se quedaron solo en eso: rimbombante titular. Hoy, ni los propios sostenedores saben bien cómo opera. La amenaza de la multa de la Superintendencia de Educación sigue siendo un gran temor para gestionar consecuencias disciplinarias dentro de las escuelas. ¿Qué agregó la ley en la práctica? La facultad a los directores de suspender al estudiante involucrado como medida de resguardo por 10 días hábiles y la obligación de hacer todo el procedimiento disciplinario para evitar la doble sanción (suspensión y luego expulsión), que en términos prácticos significaba la devolución del estudiante o una multa segura.
Pero el problema de fondo es otro. Y hoy vuelve a aparecer ese viejo dicho de que la historia se repite dos veces: una como tragedia y otra como farsa.
Aquí vamos de nuevo: «Aula Segura» fue el drama; «Escuelas Protegidas» amenaza con ser la farsa. Volvemos al mismo loop: poner el foco en la sanción y no en la problemática de fondo.
Luego de la lamentable muerte de la inspectora, María Víctoria Reyes, en Calama, nuestras autoridades políticas siguen justificando leyes para abordar las violencias que se ven en un grupo acotado de liceos con capuchas. Que dicho sea de paso, rompen las orgánicas estudiantiles democráticas y que ningún gobierno ha logrado o más bien ha querido frenar. Es inverosímil que lleven más de diez años operando, salvo que se les mantenga porque son funcionales al desmantelamiento de la educación pública emblemática.
Nuevamente, es una muestra de abandono y desprecio al sistema escolar decir: «Ok, aquí tienen estas herramientas. Que sus consejos escolares vean y háganse cargo como puedan». Sin recursos reales asociados. Sin redes de apoyo. Sin más profesionales para abordar integralmente la crisis de salud mental. Solo se burocratiza aún más la convivencia educativa.
Pongamos un ejemplo: una escuela de 800 estudiantes. Si en el ingreso, a las 8:00 AM, se instala un detector de metales y revisión de mochilas, siendo optimistas -e ilusos-, se demoraría dos minutos por estudiante. Es decir, 1600 minutos. Aunque estuviera todo el equipo directivo y asistentes de la educación revisando, se generaría un problema enorme para iniciar las clases, que ya de por sí parten tarde debido a los atrasos crónicos en la asistencia estudiantil. Todo ese tiempo, toda esa energía, sin foco pedagógico.
En este sentido, medidas procedimentales que no ponen el foco en elementos sistémicos que conllevan grandes inversiones de recursos públicos, tales como modificar la proporción de horas lectivas (frente a curso) vs las no lectivas (atención de estudiantes, apoderados, abordaje de casos críticos, reuniones pedagógicas) a un 50/50, necesitando más docentes que estén en las escuelas. Modificaciones profundas a la Jornada Escolar Completa, cumpliendo su espíritu real de realizar talleres variados y multidisciplinarios. Contar con redes de salud mental públicas que efectivamente apoyen de manera focalizada y rápidamente a partir de las derivaciones. Acompañado de una desburocratización y lenguaje jurídico de los informes que exige la normativa vigente, para tomar medidas disciplinarias y pedagógicas, simplificando los procesos administrativos para poner el foco en lo educativo. Estos ejes, como para empezar a avanzar en serio.
En cambio obtenemos un protocolo más a la larga lista de procedimientos. Para que nuevamente los educadores tengamos que redactar documentación de procesos disciplinarios como si fuéramos abogados. Porque el lenguaje jurídico -y no el pedagógico- es hoy la línea entre recibir una multa o no. Sanción que significa que la poca subvención que llega no pueda ocuparse en lo que importa: recursos para los aprendizajes. Redactar páginas y páginas de evidencia con lenguaje técnico-jurídico sólo genera más desconfianza hacia las comunidades educativas.
Si nuestra élite política -que se supone representa los más altos estándares de preparación- presenta este tipo de «soluciones», no quiero ni pensar cuando ya se prohíba a los estudiantes ir con mochilas y tengan que llevar todo en bolsas de plástico transparente, como hacen en Argentina.
Si estas medidas, contenidas en el proyecto de ley «Escuelas Protegidas» son su mejor y más creativa solución, solo nos queda decirles a los funcionarios del sistema escolar que la vocación por educar será más un privilegio que un derecho, ya que la seguridad escolar seguirá siendo un problema urgente y serio, donde la improvisación ya no da para más.
Roberto Rojas Cisterna, Profesor de liceo público y en formación inicial docente.
Bajas expectativas manifiestan desde diversos gremios profesionales y productivos ante los anuncios que haga el Presidente de la República, José Antonio Kast, en su primera Cuenta Pública al Congreso. Principalmente esperan pronunciamientos concretos en torno a una reevaluación de los recortes que desde el Ministerio de Hacienda se plantean en la Megarreforma.
A horas de que se realice en el Congreso Nacional la primera Cuenta Pública del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, representantes de gremios de distintos ámbitos del quehacer nacional, algunos de los cuales serán fuertemente golpeados por los recortes anunciados en la Ley Miscelánea o Plan de Reconstrucción Nacional, coinciden en que, en general, no esperan grandes anuncios ni cambios de mirada, y señalan que atentamente oirán lo que diga el mandatario para así tener claridad de las acciones a seguir.
Desde el ámbito de la salud, Fernanda Mora Ludueña, presidenta Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, FENASENF, que representa a más de 12 mil enfermeras de los hospitales de Arica a Magallanes, plantea que “nuestra expectativa ante la Cuenta Pública de José Antonio Kast es categórica: no queremos más metáforas ni ideas abstractas o utópicas. Chile necesita datos y medidas concretas. Pedimos planes reales que avancen hacia una salud pública oportuna y de calidad, dejando atrás la lógica de mantener al sistema bajo una presión constante y al límite. Es urgente dar un paso atrás en el ajuste del 2,5% en salud y, sobre todo, dejar de presionar y castigar a los trabajadores de la salud que sostienen los hospitales públicos. Esperamos una Cuenta Pública que demuestre cómo el gobierno pretende cuidar a Chile y dejar de asfixiar a sus trabajadores públicos. Esperamos certezas, no discursos vacíos.»
Por su parte, la presidenta nacional del Colegio Médico, COLMED, Dra. Anamaría Arriagada, dijo que “la expectativa es que haya una señal de tranquilidad. Hemos tenido tiempos muy convulsos. Nos gustaría, por supuesto, saber y que se anuncian, a lo mejor, los avances del plan oncológico. Pero, sobre todo, tranquilidad de que luego de estos recortes, los que aparente y lamentablemente no hay un retroceso, no vengan otros. Tranquilidad de que en la discusión presupuestaria se nos tome en cuenta, y ojalá el presupuesto sea más cercano a la realidad. Y tranquilidad, además, de que el proyecto de reconstrucción de este país parta de la base de proteger la salud y la educación de las personas”.
«Chile puede ser una economía mucho más sofisticada, pero para eso, desde el Estado hay que liberar el mercado y terminar con las distorsiones. Eso es lo que Chile esperaba cuando votó por él».
Camilo Guzmán, presidente de Agricultores Unidos AG
El Colegio de Profesoras y Profesoresde Chile AG, a través de su presidente nacional, Mario Aguilar, dicen tener una expectativa “más bien teórica, y sería un gobierno que enmendara rumbo, en relación a una condición de improvisación que ha sido muy evidente, en especial en las áreas por las cuales llegó a ser gobierno el Presidente Kast, que son las áreas de seguridad, de reactivación de la economía, en donde hubo promesas que no se tocarían los derechos sociales, pero en los hechos eso no es lo que está ocurriendo. Quisiéramos una cuenta que enrielara y corrigiera todos estos déficits serios que está mostrando el gobierno, pero no soy tan optimista de que ello ocurra. Ya veremos, hay que escucharla, por cierto”.
Particularmente en educación, advierten de una “situación bastante alarmante en términos de disminución de presupuesto en áreas muy sensibles como la mantención de infraestructura, que nos parece un área en donde ya hay un grave déficit. Los colegios tienen y presentan serios problemas en esta área, y para peor, ahora se está anunciando una baja en los presupuestos, lo cual nos parece gravísimo”, planteó Aguilar.
Sectores productivos
“Como sector portuario no esperamos mucho”, asegura Jorge Salazar Álvarez, presidente del Sindicato Número 1 de Trabajadores y Trabajadoras de Puerto Central S.A., porque “en estos primeros meses hemos visto a un gobierno improvisar. Los recortes que hoy día existen han golpeado tanto al Gran Santiago como a las regiones. Día a día vemos las colas de trabajadores en el sistema de transportes, y en regiones donde más se palpan los recortes es en el sector de la salud primaria. Y como toda cuenta pública, me imagino que se preparan grandes discursos, pero me preocupa que todavía siguen con el eslogan de campaña, tratando de evadir responsabilidades, culpando al gobierno anterior. Espero que, por el bien de Chile, desde ya se comiencen a tomar decisiones correctas, que avancen en directo beneficio de la clase trabajadora y de lo más necesitados, porque hoy día, frente a sus proyectos de avance y esta mega reforma, lo único que estamos viendo es que se corre el cerco hacia el empresariado y los más desprotegidos somos los que estamos perdiendo”.
Y desde los campos de la zona centro sur del país, Camilo Guzmán, presidente de Agricultores Unidos AG, quienes han visto mermada la capacidad productiva producto de alzas de combustibles y precios de insumos, indica que «lo que esperamos es claro: el problema no es solo el Estado, es que el mercado está capturado. Quienes hoy lo tienen atrapado ya están satisfechos, no van a hacer crecer a Chile porque no necesitan más. Pero hay un montón de chilenos con ambición y con capacidad, y tenemos los recursos para lograrlo: capital humano, talento, recursos naturales. Chile puede ser una economía mucho más sofisticada, pero para eso, desde el Estado, hay que liberar el mercado y terminar con las distorsiones. Eso es lo que Chile esperaba cuando votó por él».
Entre las disciplinas, Lenguaje ha mostrado señales de recuperación constante los últimos tres años, mientras que Matemáticas y Computación, Filosofía y Religión y Artes y Música registran una tendencia a la baja persistente.
Entre las principales conclusiones del estudio, que analizó la matrícula de primer año de las carreras de Pedagogía en Chile entre 2015-2025, se destaca una recuperación de los niveles post pandemia, creciendo el año pasado el interés por ser profesores en un 47% respecto de 2022.
Pese a esto, las cifras siguen estando un 26% por debajo del máximo registrado el 2016, cuando se llegaron a 17 862 matriculados de primer año, ya que a contar de 2017 comenzó una caída sostenida.
Según el informe, esta disminución “coincide con la entrada en vigencia de cambios regulatorios relevantes”, como la Ley de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (2006) y la de Desarrollo Profesional Docente (2016), ya que establecieron nuevas exigencias de acreditación y admisión para las carreras de pedagogía, derivando en el cierre de programas no acreditados”.
A contar del año 2021, en tanto, la caída se intensifica, “llegando a su punto más bajo en 2022, con 9 002 estudiantes”, lo que representó una baja aproximada de un 50% respecto de 2016.
Esta disminución, por su parte, “podría estar asociada a los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre los procesos de postulación y matrícula en educación superior, fenómeno que afectó de manera general al sistema educativo”, señala el documento.
«Nota: Tabla N°1 informe del Observatorio de Formación Docente (OFD) del Instituto de Estudios Avanzados en Educación (IE) y del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile».
Universidades del Cruch lideran la formación de profesores
En cuanto a la evolución de la matrícula según tipo de institución, el informe constató que a inicios de 2015 las universidades privadas que no eran parte del Consejo de Rectores (CRUCH) concentraban el 58%, cifra que a partir de 2017 cayó significativa hasta alcanzar su mínimo en 2022 con de 1920 estudiantes, “lo que representa una reducción de aproximadamente un 81% respecto de 2016”, sostiene el estudio de la Universidad de Chile.
En contraposición, las universidades estatales del CRUCH vienen creciendo en matrícula sostenidamente desde 2015, alcanzando el 2018 un máximo de 5400 estudiantes, para posteriormente disminuir “en línea con la tendencia general del sistema” debido a la pandemia, llegando el año pasado a 5210.
Las instituciones privadas del CRUCH, en tanto, también presentaron “una trayectoria de crecimiento progresiva hasta 2019–2020”, alcanzando en 2025 5216 estudiantes matriculados en primer año.
Según el estudio, “la abrupta caída observada en la matrícula de las universidades privadas no pertenecientes al CRUCH a partir de 2017 se concentró en instituciones con niveles bajos de acreditación, muchas de las cuales debieron cerrar sus programas de pedagogía”.
Mujeres siguen liderado la sala de clases
Respecto a la composición de la matrícula según género, el informe concluyó que en términos relativos ésta se ha mantenido según los “patrones” entre mujeres y hombres, sosteniendo “la participación de las mujeres se mantiene consistentemente alta a lo largo de todo el período, fluctuando en torno al 67%–71”, mientras que la de los hombres “se mantiene relativamente estable, oscilando entre aproximadamente un 30% y un 33%”.
En cuanto a la distribución territorial, “los resultados muestran una fuerte concentración de la matrícula en la Región Metropolitana y, en menor medida, en las regiones de Valparaíso y Biobío”, las cuales históricamente concentran los mayores volúmenes de estudiantes en pedagogía.
En las regiones de la zona centro-sur, por su parte, el Maule y La Araucanía presenta “niveles intermedios de matrícula y trayectorias relativamente similares”. Mientras que la Región de Ñuble “presenta una trayectoria descendente más pronunciada”, recuperándose parcialmente el 2025 con 545 estudiantes.
En contraste, las regiones del norte grande mantienen de acuerdo al informe del Observatorio de Formación Docente “volúmenes de matrícula considerablemente menores. Antofagasta concentra los niveles más altos dentro de este grupo, con valores que fluctúan entre 351 y 516 estudiantes (2015-2025)”, mientras que Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama “presentan niveles más reducidos y trayectorias más inestables”, observándose en todas las regiones “una caída importante hacia 2021–2022, seguida de una recuperación parcial posterior”.
Lenguaje y Comunicación se recupera
Si bien las trayectorias respecto de las especialidades en pedagogía son “heterogéneas”, donde Educación Diferencial, Educación de Párvulos y Educación Física “continúan concentrando los mayores volúmenes de estudiantes pese a registrar disminuciones importantes” en la última década, Educación Básica e Idiomas han presentado “trayectorias relativamente más estables”, sostiene el informe.
De igual modo, se estableció que Lenguaje y Comunicación y/o Castellano “muestran señales de recuperación hacia el final del período (2015-2025), mientras que Matemáticas y Computación, Filosofía y Religión y Artes y Música presentan “tendencias descendentes persistentes”.
En conclusión, el informe elaborado por los equipos del Instituto de Estudios Avanzados en Educación (IE) y del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, sostiene que la formación inicial docente del país “ha experimentado una contracción significativa en el volumen de matrícula hacia comienzos de la década de 2020, seguida de una recuperación parcial en los años recientes. Sin embargo, esta recuperación no ha sido suficiente para retornar a los niveles observados a mediados de la década, ni se ha distribuido de manera homogénea entre instituciones, territorios y especialidades”.
Estudio de la Universidad de Chile evidencia brechas socioeconómicas en la detección temprana del cáncer de mama. La investigación evidencia que el acceso a la mamografía sigue marcado por el nivel educativo, el ingreso y la situación laboral de las mujeres en nuestro país.
La posición socioeconómica de las mujeres en Chile influye en el uso de herramientas de detección precoz de cáncer de mama: el nivel educativo, el ingreso del hogar y la situación laboral generan brechas significativas en el acceso a mamografías, según revela una investigación de la Universidad de Chile publicada en la revista Preventive Medicine Reports, que analizó la relación entre la posición socioeconómica y el uso de este examen en mujeres chilenas.
La conclusión central del estudio “Posición socioeconómica y uso de programas de detección precoz del cáncer de mama en Chile: Un estudio poblacional”, que cuenta con la autoría de correspondencia de la Dra. María Luisa Garmendia, académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, y de Camilo Guerrero Nancuante, estudiante del Doctorado en Salud Pública de la Universidad de Chile, analiza cómo diversos indicadores sociales afectan la frecuencia de la toma de estos exámenes mamográficos.
Un dato relevante del estudio muestra que las mujeres de menores ingresos usan significativamente menos la mamografía, incluso cuando el examen es gratuito en la atención primaria en Chile. “Los autores plantean que una proporción importante de mujeres podría desconocer que el examen está financiado públicamente, y que las mujeres de mayor ingreso tienen más probabilidad de pagar por el examen en servicios privados”, indica la publicación.
Esto se podría explicar, indican los autores, porque “en primer lugar, las acciones preventivas en salud son complejas de ejecutar en mujeres altamente precarizadas, quienes asumen simultáneamente jornadas de trabajo remunerado y de cuidado no remunerado en sus hogares, lo que reduce drásticamente el tiempo disponible para asistir a controles de salud. En segundo lugar, existe una percepción extendida de que el sistema público de salud es de baja calidad, lo que podría llevar a parte de la población a postergar la atención antes que acudir a servicios que perciben como deficientes. A esto se sumarían barreras geográficas, dificultades de transporte y la falta de redes de apoyo para el cuidado de hijos o personas dependientes, lo que podría impactar en la realización de este examen”.
Las cifras que preocupan
Si bien el estudio establece que la cobertura general de mamografía en el grupo evaluado fue del 66,9%, cifra se acerca a los estándares internacionales, el análisis detallado revela marcadas disparidades según el perfil socioeconómico de las mujeres.
La investigación arroja que “tres indicadores de posición socioeconómica mostraron asociación significativa con el no uso de mamografía. Las mujeres con nivel educativo básico o inferior presentaron una probabilidad 20% mayor de no realizarse el examen respecto a quienes tenían educación terciaria. El efecto del ingreso fue aún más pronunciado: las mujeres del quintil de menor ingreso (menos de 140 mil pesos mensuales) mostraron una prevalencia de no uso 49% superior a quienes pertenecían al quintil más alto (más de 192 mil pesos mensuales), con un gradiente estadísticamente significativo en todos los quintiles”.
«En cuanto al tipo de ocupación, las mujeres desempleadas presentaron una prevalencia de no uso un 34% mayor respecto a directivas y profesionales, mientras que las trabajadoras de servicios y comercio mostraron una brecha del 21%. Los autores señalan que estas disparidades se concentran en mujeres con empleo precario o sin remuneración, quienes enfrentan barreras estructurales para acceder a la atención de salud, como extensas jornadas laborales y limitada cobertura de seguridad social».
¿Cómo disminuir esta brecha?
Los autores concluyen que “el sistema de salud público debería avanzar en varias direcciones. Por una parte, profundizar en el conocimiento de los motivos concretos del no uso de mamografías, ya que nuestro estudio entrega algunas luces sobre factores socioeconómicos, pero se requieren otras investigaciones que capturen las perspectivas de las propias mujeres. Por otro lado, desarrollar estrategias territorialmente situadas, ya que la realidad de Santiago es distinta a la de territorios en el norte o el sur del país. Entender las limitaciones y complejidades locales es un paso previo indispensable para diseñar intervenciones que permitan aumentar el uso de mamografía en poblaciones desventajadas socioeconómicamente”.
“Finalmente, el sistema debería avanzar, como se lleva a cabo actualmente en varias comunas del país, hacia modelos de atención más flexibles, con horarios extendidos, mamografías móviles y eliminación de barreras administrativas que hoy podrían desincentivar el uso de mamografías en atención primaria de salud (APS)”, plantearon los científicos.
La investigación buscaba evaluar cómo la posición socioeconómica medida de forma multidimensional influye en el uso de pruebas periódicas de cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años, rango etario definido por las guías clínicas como el grupo prioritario para el control sistemático, y se realizó un análisis epidemiológico de base poblacional utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2022, desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile. La muestra analítica final incluyó a 26.337 mujeres pertenecientes al grupo objetivo de tamizaje a nivel nacional, distribuidas en 760 unidades comuna-área.
Constantemente se habla en los círculos del periodismo nacional sobre la crisis que viven los grandes conglomerados de comunicación del país. Sin embargo, el foco se centra primordialmente en las dificultades de su financiamiento, ignorando un problema mayor: la escasa credibilidad que tienen los chilenos sobre el trabajo que desarrollan los medios noticiosos.
De acuerdo alInforme 2025 sobre Consumo de Noticias y Evaluación del Periodismo en Chile, elaborado por la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), en una escala de 1 a 7, los medios chilenos promedian una 3,6 de nota. Pese a esto, nunca hemos visto en los diarios, radios o canales de televisión, ránkings de calidad sobre las noticias que entregan a la gente, al igual como hacen con los colegios una vez conocido el Simce o la PAES.
En el detalle, las cifras son aún más escandalosas. Un 67,9% considera el trabajo de los medios como “pobre” o “regular”, solo 3 de cada 10 personas cree que son precisos con la información que transmiten, mientras que apenas un 30,5% los percibe confiables y un 34,6% creíbles.
Pero hay más. Uno de los puntos más graves que desnudó el estudio golpea directamente el corazón del periodismo: la credibilidad, ya que un 60,6% de los encuestados afirmó “encontrar noticias falsas con frecuencia” en los medios informativos chilenos. Los que a su vez, consideran “sesgados” (57,4%) e “injustos” (50,9%).
Como se observa, la evaluación hacia los medios y el periodismo nacional es bastante lapidaria, y con justa razón, ya que muchos han actuado con una peligrosa complacencia ante la divulgación de noticias falsas, dejando de lado el deber profesional y ético que tiene todo medio de comunicación y periodista de verificar SIEMPRE la información antes de difundirla, más aún, si esta proviene de grupos de interés político, económico, gubernamental o fáctico; porque el periodismo debe ser imparcial, pero nunca indiferente ante lo obvio (noticias falsas).
Por tal razón, también resulta incomprensible -incluso altanero- que en tiempos tan convulsos los grandes conglomerados noticiosos restrinjan el acceso a las noticias levantando muros de pago, impidiendo a que una parte relevante de la ciudadanía tenga acceso libre a la información como impulsa Naciones Unidas, por considerarla “un instrumento importante para promover el estado de derecho u otros derechos, a fin de fomentar la confianza” en la democracia y sus instituciones.
Más puentes y menos muros
Lo bueno, es que la crisis presenta una verdadera oportunidad para reivindicar la labor periodística en medio de tanta desinformación y mentiras gubernamentales, resultando un deber ético entregar a la ciudadanía información de libre acceso, sin otro fin que no sea aportar para la mejor toma de sus decisiones.
Es por esto que nace Redacción, un diario digital independiente que busca ser una alternativa y contribución real para la diversidad mediatica del país, abriendo espacio a otras voces de la sociedad que comúnmente son ignoradas y cuyas miradas también son un aporte para una opinión pública más amplia.
La invitación es a retomar el periodismo de calidad, el cual, no solo radica en el valioso trabajo que aportan los medios independientes que se dedican a la investigación, sino que también en el ejercicio diario de la profesión preguntando lo correcto y transparentado lo relevante.
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